Las instalaciones, ubicadas en Culiacán, fueron recorridas por 25 sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas durante la “guerra sucia”. Aunque han sido remodeladas permanecen espacios, como un posible crematorio, que permiten abrir nuevas líneas de investigación.
Culiacán, Sinaloa, 27 de marzo (A dónde van los desaparecidos).- “Aquí están las cenefas azules, ya vieron”, repite Ramón Galaviz Navarro; se le entrecorta la voz y remata: “Yo les dije que aquí estaban y me dijeron que estaba loco”.
Este hombre, que perdió el oído derecho a causa de las torturas que sufrió en 1978 por su pertenencia a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), está en un cuarto del Campo Militar Número 9-A, en Culiacán, que reconoce con las manos mientras lo recorre. Lo siente y olfatea, como buscando algo que le confirme que siempre tuvo razón. Que esta es su verdad, hoy que junto con más de veinte sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada “guerra sucia” pudo acceder a sus instalaciones.
En las semanas que pasó en ese cuarto, vendado y esposado, solo a ratos, durante el día, podía ver qué le rodeaba. En esta habitación con grecas dibujadas en el piso, con paredes frías en las que, al rascar la pintura, se distingue una cenefa de color azul, estuvo incomunicado desde el 26 de enero de 1978, después de ser detenido por el Ejército en la sindicatura de Costa Rica mientras repartía el periódico clandestino Madera, órgano de propaganda de la LC23S, y coordinaba a dos grupos de jornaleros para hacer llegar la publicación a más trabajadores del campo.
“Querían que les informara dónde estaba el comité de prensa [de la liga], ahí comenzó la tortura, ahí [en el Campo Militar] estuve por espacio de 30 días”, contó Galaviz Navarro, sin poder reprimir el temblor en la quijada al recordar las atrocidades que vivió.
Surgida en 1973 en Guadalajara, la LC23S es considerada la guerrilla urbana con mayor presencia en México. Integrada principalmente por estudiantes, propugnaba una revolución socialista para derrotar a la burguesía.
El agrónomo de 67 años recordó que todos los días le metían una manguera en la boca y dejaban correr el agua hasta ahogarlo por no “querer cooperar”. Le rompieron las muelas con pinzas y desarmadores mientras le repetían que, por su culpa, por su silencio, otros compañeros también estaban siendo torturados.
Sentía remordimiento porque a su lado había decenas de hombres y mujeres a quienes escuchaba gritar de dolor. Algunos murieron a su lado.
“A Antonio Trinidad Vega Valenzuela se lo llevaron conmigo, le pegaron un balazo en la femoral y se desangró ahí junto a mí. Era de Huatabampo, Sonora, luego supimos eso, porque su familia lo busca aún. Nadie sabe dónde quedó su cuerpo. Recuerdo que gritaba del dolor, y yo gritaba por ayuda, pero solo me pegaban culatazos para callarme. La última vez que lo escuché fue cuando emitió tres suspiros y luego [oí] cómo arrastraban un cuerpo, estoy seguro de que era el de Antonio”.
Galaviz Navarro, quien fue acusado de conspiración contra el Estado y liberado en julio de 1979 tras la expedición de la Ley de Amnistía de 1978, recorrió estos espacios de tortura y muerte con una sensación de rabia por haber sido víctima de un sistema represor. Él está aquí para contarlo, pero compañeros como Antonio Trinidad Vega Valenzuela, Tranquilino Herrera, Henry López Gaytán, Miguel Rojo, e incluso su hermano, Marco Vinicio Galaviz Navarro, después de 45 años siguen desaparecidos.
CONTRA EL OLVIDO
La mañana del 24 de marzo, un grupo de 25 hombres y mujeres, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, recorrieron la Novena Zona Militar como parte de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Su plan de trabajo contempla realizar investigaciones en archivos e instalaciones militares en los que se hayan cometido estas violaciones.
Los crímenes se desarrollaron durante la denominada “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano utilizó al Ejército, la Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Brigada Blanca —un grupo policiaco/paramilitar creado para combatir la disidencia política— para investigar y perseguir a los miembros de la LC23S en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Morelos.
A la fecha, explicó el jesuita David Fernández Dávalos, integrante de la comisión, no se sabe con exactitud cuántas personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas de manera extrajudicial en ese periodo.
Adscrita a la Secretaría de Gobernación, la Comisión para la Verdad fue creada en 2021 bajo un mandato de “cero impunidad”, tiene entre sus objetivos indagar el paradero de las personas desaparecidas, la reparación del daño a las víctimas, e impulsar el derecho a la verdad y la memoria.
“Dota de total credibilidad los testimonios que víctimas y sobrevivientes han venido repitiendo a lo largo de décadas en este país, y la exigencia de presentar a los desaparecidos con vida”, señaló Fernández Dávalos durante la conferencia de prensa posterior al recorrido. “Ya sabemos por dónde pasaron, sabemos a dónde los llevaron, pero no sabemos su destino”.
El sacerdote jesuita hizo referencia a la existencia probada de un “circuito” que incluía detenciones, desapariciones forzadas, asesinatos y los llamados “vuelos de la muerte”, un método de exterminio utilizado por el Ejército y la DFS para arrojar al mar a personas opositoras al régimen, asesinadas o aún vivas, con la intención de desaparecerlas.
“Jugaron al olvido, pero no lo lograron”, dijo Martha Alicia Camacho Loaiza, detenida el 19 de agosto de 1977 junto con su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga en Culiacán por pertenecer a la LC23S.
“A él lo obligaban a ver las torturas que me hacían, y a mí las de él. Yo vi cuando lo mutilaron de sus testículos y lo desangraron hasta morir”, recordó la mujer, que dio a luz un hijo estando retenida en la Novena Zona Militar. Pudo salir junto con su bebé porque sus padres pagaron una gran cantidad de dinero, pero no sabe qué sucedió con el cuerpo de su esposo.
¿UN CREMATORIO?
La Comisión para la Verdad planteó en julio de 2022 a la Secretaría de la Defensa Nacional el ingreso tanto a cuarteles militares como a archivos históricos con el objetivo de identficar aquellos lugares donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial.
Un eje de acción del organismo es reunir testimonios de familiares y sobrevivientes para recabar y contrastar la mayor evidencia posible en el proceso de investigación.
Todo esto contribuirá a documentar y esclarecer lo ocurrido durante la “guerra sucia” para, de este modo, cambiar la narrativa oficial, que calificó de criminales y terroristas a los detenidos durante este periodo.
Una tarea en la que participan también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las revisiones, además de la visita a las instalaciones, incluyen examinar la documentación gubernamental y fotografías aéreas y satelitales.
“Es documentación generada y que da evidencia de todas las violaciones a derechos humanos”, aseguró Camilo Vicente Ovalle, historiador y miembro de la comisión.
Tras un primer recorrido el 21 de septiembre de 2022 por el Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México, en el que se identificaron sitios de tortura y asesinatos extrajudiciales, se visitó el de Culiacán, donde las modificaciones arquitectónicas pueden observarse en las imágenes satelitales. Se sabe que existían áreas de disposición de cadáveres y espacios subterráneos que no se pudieron encontrar, pero las remodelaciones confirman las descripciones de las víctimas.
Sin embargo, aún quedan rastros que permiten abrir nuevas líneas de investigación. “Hay un cuarto encerrado, parece un horno y, cuando les pregunté a los soldados, me dijeron que era un temazcal, pero eso no es cierto, yo he estado en temazcales, sé cómo son y para nada se parecen”, indicó Camacho Loaiza.
Es un cuarto pequeño, con unos cables de electricidad gruesos y antiguos, deformados por el calor. Tiene dos hoyos similares a chimeneas, que aún conservan el tizne. Actualmente está abandonado, pero en el pasado fue utilizado.
“Ese lugar, no hay otra manera de llamarlo”, insistió Camacho Loaiza, “es un horno donde pudieron haber deshecho a mi esposo y a sus familiares, compañeras”.
“Es la seguridad que seguramente sentían de que no iban a ser tocados, porque nunca demolieron eso, nunca destruyeron las evidencias y, más bien, se sentían con garantías de impunidad”, consideró Fernández Dávalos.
Al Campo Militar Número 9-A en Culiacán deberá ingresar la Fiscalía General de la República, afirmó el jesuita, pues existen indicios de que en el lugar fueron torturadas y asesinadas personas durante la “guerra sucia”. Con este propósito, la CNDH levantará un acta en la que se solicitarán “peritajes urgentes”
“Uno de los compañeros describió cómo en uno de esos lugares corrieron ríos de sangre. A lo mejor buscando podemos tener esas pruebas”, añadió.
Se deberá revisar nuevamente el lugar y recabar más testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, con el objetivo de que, en el futuro, se expropien las instalaciones para crear un memorial.
“Hay que convocar a nuevas víctimas, quizás con esto se animen otras personas que no han dado su testimonio”, señaló Fernández Dávalos.
Se requiere también contar, dijo, con evidencias documentales para establecer las cadenas de mando, colaboración y coordinación a fin de determinar quiénes daban las órdenes. Identificar de este modo a los perpetradores de los crímenes, aquellos encargados de exterminar a estudiantes y acallar a quienes sobrevivieron llamándoles locos para tratar de mantener oculta la verdad.
